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Tesoro de Estados Unidos sanciona a seis objetivos mexicanos vinculados al Cártel del Noreste por lavado de dinero
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes nuevas sanciones contra seis “objetivos” en México, vinculados presuntamente a una red de lavado de dinero y contrabando de efectivo operada por el Cártel del Noreste, informó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
En un comunicado, la dependencia estadounidense detalló que las medidas alcanzan a tres personas físicas y tres personas morales, acusadas de servir como engranajes financieros de la organización criminal, a la que calificó como “terrorista”.
Casinos y una empresa comercial bajo la lupa
Entre los sancionados figuran el “Casino Centenario” y el “Casino Diamante”, ambos ubicados en el estado de Tamaulipas. Según las autoridades estadounidenses, estos establecimientos habrían sido utilizados para ocultar efectivo y drogas provenientes de actividades ilícitas.
También fue sancionada “Comercializadora y Arrendadora de México” (CAMSA), empresa que opera el primero de los casinos mencionados.
Los tres individuos señalados
En cuanto a las personas físicas, la OFAC identificó a:
- Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”, señalado por tráfico de personas.
- Juan Pablo Penilla, abogado conocido por haber representado a Miguel Ángel Treviño Morales, alias ‘El Z-40’, uno de los líderes más emblemáticos del Cártel de Los Zetas.
- Jesús Raymundo Ramos Vázquez, abogado y activista, actual presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
La inclusión de Ramos Vázquez, una figura vinculada a la defensa de derechos humanos, ha generado particular sorpresa en círculos políticos y sociales mexicanos.
México responde con acciones legales
Tras el anuncio de Washington, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México informó que presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por la posible operación de recursos de procedencia ilícita.
“Las acciones emprendidas, tanto a nivel internacional como nacional, fortalecen el régimen preventivo de bloqueo de cuentas, limitan el acceso al sistema financiero y contribuyen al cierre de espacios utilizados por organizaciones criminales para la dispersión de recursos ilícitos”, señaló la dependencia en un comunicado.
Un patrón que se repite
Estas sanciones se suman a una larga lista de medidas que el gobierno estadounidense ha impuesto en los últimos años contra personas y empresas mexicanas vinculadas al crimen organizado. La OFAC ha utilizado su poder para aislar financieramente a redes que, según sus investigaciones, operan con impunidad al amparo de estructuras legales aparentemente legítimas.